A la luz del Decreto 1121, del 11 de Abril,  de 2008, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se consagran un cúmulo de modificaciones a la Resolución 400 de 1995, de la Sala General de la Superintendencia de Valores.

Dentro de las modificaciones planteadas, se encuentra la obligación que se genera en cabeza de los intermediarios de valores  de clasificar a sus clientes en una de las dos categorías previstas en el Decreto, es decir, en la categoría de cliente inversionista o en la categoría de inversionista profesional. De igual manera, esta obligación incluye que a cada cliente le sea informado oportunamente la categoría a la cual pertenecen y el régimen de protección que les aplica. 

El régimen de las sociedades por acciones simplificadas consagra, que este tipo societario podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Así mismo, el o los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad, salvo en aquellos casos en los que se utilice la sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, casos en los cuales, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados.